El impacto sería “destructivo sobre el país y los argentinos”
Lo dicen los abogados de Argentina al referirse al fallo Griesa, en un escrito enviado a la Corte Suprema de EE.UU..
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La Argentina, a través del equipo de abogados que el Gobierno contrata, dijo que “merece” que la Corte Suprema tome el caso por el juicio de los fondos buitre. Y que si no lo hace, el fallo con sentencia a favor de un juez y una Cámara de Apelaciones tendría “impacto destructivo sobre el país y los argentinos”.
Estas son algunas de las expresiones que la Argentina envió ayer en una presentación ante el Máximo Tribunal para analizar un fallo de noviembre pasado en su contra y que favorece a los buitres. Por otra parte, la Corte informó casi al mismo tiempo que analizará el próximo 30 de septiembre si accede o no al pedido argentino (ver Fondos buitre...). “La presentación de la Argentina de ayer muestra los argumentos que utiliza el país para defenderse”, explicó el abogado Eugenio Bruno, del Estudio Garrido.
Los fondos buitre NML y Aurelius habían presentado el pasado 28 de agosto a la Corte Suprema argumentos para rechazar la apelación argentina del 24 de junio como también los Amicus presentados a su favor. La postura del país fue respaldada por presentaciones de Fintech, EBG, Caja de Valores y el gobierno francés. Luego vino el turno de los buitres y, ayer, la última presentación argentina antes de que se decida el lunes 30.
El escrito repite dos argumentos que esgrime la conducción del Ministerio de Economía durante este último tiempo. En primer lugar, que los fallos de Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York infringen un acta federal de los EE.UU. llamada de “inmunidad soberana”. Bajo esa ley, y según la defensa de los abogados argentinos, los fondos que el país envía a Nueva York para pagar a los bonistas que entraron en los canjes, gozan de inmunidad soberana. Por lo tanto, y así lo dice la ley, ningún tribunal puede coercer su destino para pagarles a los buitres.
El segundo argumento que presentó ayer el Gobierno a favor de que la Corte Suprema revea el fallo fue una consideración de lo que provocaría la sentencia actual: “un impacto destructivo sobre el país y los argentinos, sobre los US$ 75.000 millones de deuda reestructurada y los procesos de reestructuración de deuda soberana que hay por delante”. Los abogados argentinos insistieron con la idea de que si la Argentina es obligada a pagar US$ 1.500 millones entonces aquellos que no hicieron juicio por sus títulos en default aprovecharían la situación. En ese caso, el país podría afrontar demandas por US$ 24.000 millones.
El escrito agregó que “las expresiones de grave preocupación de los funcionarios argentinos sobre las perspectivas del cumplimiento de las obligaciones de la deuda “no resultan un desafío”.
Ayer, Standard & Poor’s rebajó la nota de la deuda argentina por las malas perspectivas que este juicio arroja sobre la deuda argentina. Y calificó sus bonos con la nota CCC+ en lugar de B-. Las perspectivas sobre el litigio lucen cada vez más complicadas, explicaron ayer en S&P. Para los abogados que defienden al país, “La República ha seguido las reglas de las justicia de EE.UU. y su interés vital merece la atención de esta Corte”
