miércoles, 13 de diciembre de 2017

Alertan que siguen siendo altos los niveles de deforestación en la Argentina
nearural.com

Pese a que tuvo el nivel más bajo en 2016, se perdieron más de 135.000 ha, lo que equivale a seis veces la superficie de la Capital; ambientalistas piden mayores controles. Uno de los casos en los bosques chaqueños



A mediados de año la chacra Las Rejas, en el noroeste chaqueño, se convirtió en un cementerio de árboles. Algarrobos, quebrachos y guayacanes esparcidos en 2900 hectáreas. La empresa agropecuaria Cuenca del Salado preparaba el terreno para sembrar. La compañía consiguió que Chaco autorizara un cambio de zonificación con el que logró que parte del bosque ya no deba ser conservada. El desmonte es uno de los más grandes registrados este año y resulta representativo del avance sobre el bosque nativo hoy, diez años después de la aprobación de ley que consiguió desacelerar la deforestación, pero que está lejos de detenerla.

Un artículo del diario La Nación advierte que el año pasado desaparecieron 136.470 ha de bosques, una superficie que equivale a seis veces la Capital, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación surgidos del monitoreo de las 16 provincias que abarcan las cuatro regionales forestales más amenazadas, que son el parque chaqueño y en menor medida yungas, selva paranaense y espinal. Y lo que resulta dramático es que 58.281 de esas hectáreas eran de bosques que las provincias habían catalogado como "rojos" y "amarillos" por su valor de conservación. Según parámetros que instauró la ley, se categorizan como rojos los bosques que no deben sufrir ninguna transformación; como amarillos los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y como verde los sectores poco conservados, por lo que se pueden hacer desmontes con permisos previos.

Al analizar las cifras de pérdida de bosques en los últimos 19 años, se diferencian dos períodos. Uno, entre 1998 y 2007, con una pérdida promedio de 300.000 ha por año. Y otro después de la sanción de la ley, entre 2008 y 2016, con una deforestación anual de 267.000 ha, pero con un marcado ritmo de descenso a partir de 2014, cuando baja a 190.000 ha y alcanza su mínimo histórico en 2016, con 136.000 ha. Esta cifra representa una tasa anual de deforestación del 0,5% de los bosques del país, que ocupan 27 millones de hectáreas. Ese descenso le permitiría a la Argentina salir del noveno puesto en el ranking, elaborado por la FAO, de las naciones que más pérdidas de bosques reportaron entre 2010 y 2015.

Para el Gobierno, la baja está dentro de lo razonable. Y prometió que antes de 2030 se llegará a la meta de deforestación cero.

El avance de la siembra, principalmente de soja, y el de la ganadería son los principales motivos de desmontes. Mientras que las recategorizaciones irregulares de predios inicialmente protegidos para tipificarlos como verdes; las frágiles multas por desmontar sin permiso o en lugares prohibidos, y la falta de financiamiento del fondo nacional con el que se debe compensar a los dueños de bosques por preservarlos son las causas que colaboran con la deforestación.

"Muchas empresas sojeras compran campos en zonas amarillas, solicitan que cataloguen el predio como verde, lo consiguen y logran desmontar", describió Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, un organismo dedicado a la investigación social que denunció al gobierno chaqueño porque, según establecen las pautas para actualizar las categorizaciones de bosques, los ajustes no pueden implicar un retroceso respecto de los niveles de protección.






Claudio Andreoli, titular de Cuenca del Salado y del predio Las Rejas, afirmó que la empresa no empezó ningún trabajo hasta que no consiguió los permisos. "El desmonte estuvo autorizado y cumplió todos los trámites que debe atravesar. Se hizo una audiencia pública en la que no hubo ningún tipo de oposición, un estudio de impacto ambiental, calicatas y otras tareas previas a que se autorice el cambio de zonificación por ser un terreno apto para la actividad agrícola", señaló La Nación.

Infractores

Según Greenpeace, luego del ordenamiento territorial hecho por las provincias, el 80% de los bosques fue catalogado como zona roja o amarilla. "Eso fue importante, pero la presión y el avance de la agricultura y la ganadería sobre la región de bosque chaqueño son muy grandes", indicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

"Muchas veces la deforestación se frena porque el clima lluvioso no lo permite o porque no cierran los números para invertir en un desmonte", advirtió Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre en La Nación.

Las multas para quienes desmontan en zonas prohibidas suelen ser altas, pero señalan que son difíciles de cobrar. En Santiago del Estero rondan los $ 16.000 por hectárea afectada. Sin embargo, según reconocieron en esa provincia, recaen sobre grandes empresas sojeras que judicializan el castigo. Esa situación, que se repite en Chaco y Salta, llevó a que Greenpeace reclamara que el desmonte y el otorgamiento de permisos de desmontes en zonas protegidas sean considerados delitos penales.

La falta de financiamiento de la ley es otro de los puntos que las ONG marcan como determinantes para explicar por qué la deforestación ilegal no se detuvo.

La pérdida de bosques tiene varias consecuencias: incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de dióxido de carbono, erosión de suelos, inundaciones por la desaparición de un reservorio natural de agua de lluvia, pérdida de biodiversidad y migración y desarraigo de las poblaciones rurales.