jueves, 7 de agosto de 2014

África crece y muere de hambre

Mejora la economía en el continente como nunca pero también la desnutrición: 223 millones de personas pasan hambre.

La paradoja se explica en el informe hecho público hoy por el equipo internacional del Africa Progress Panel

La brecha es creciente y peligrosa pues los beneficios se concentran en sólo unos pocos sectores de la población en detrimento de la mayoría

 Madrid | elpais.com
Un niño malnutrido en el suelo junto a su madre en el campo de desplazados de Abu Shouk en Sudán. / UNICEF / HAVIV

La revista The Economist dedicó en marzo de 2013 un número especial a África que llevaba entonces un título improLa princLos sectores de la pesca y la madera ilustran el grave problema de los mercados de recursos renovables, caracterizados por niveles insoportables de irregularidad. Una estimación conservadora para el caso de la pesca en África occidental sugiere que las actividades ilegales y fuera de control cuestan a sus sociedades unos 1.300 millones dólares anuales. El grueso de este fiasco se concentra en la pérdida de ingresos de las comunidades de pescadores artesanales, las consecuencias para la nutrición de las familias y los impuestos no recaudados por el Estado. Aunque las compañías nacionales y extranjeras que participan en este negocio sucioson mucho menos conocidas que las que operan en sectores como la extracción de diamantes y el petróleo, las consecuencias de sus actividades para los africanos son equiparables a las peores formas de evasión fiscal y contaminación de los espacios naturales.
El tercer ámbito que aparece destacado en el informe del Africa Progress Panel es el fiscal y financiero. La trayectoria media del continente en este campo es poco menos que impresionante: atrás quedan las décadas en las que la deuda y su renegociación lastraron las expectativas de buena parte de los países africanos, muchos de los cuáles colocan hoy sus bonos en los mercados de fondos soberanos. Pero las necesidades de financiación de la economía (incluyendo los servicios sociales que la sostienen) superan todavía con mucho los recursos disponibles. Para 19 países de la región la ayuda internacional supone hoy más del 10% del PIB, lo que la sigue haciendo imprescindible. Sostener esta cooperación, liberar el potencial de otros mecanismos de financiación –por ejemplo, reduciendo el coste de las remesas que envían los emigrantes, como sugiere Kevin Watkins en la pieza que acompaña este texto– y adaptar los sistemas fiscales a la creciente capacidad contributiva de las clases medias y altas: no hay retos pequeños para África en este campo.
“Siempre parece imposible hasta que está hecho”, dijo Mandela en una ocasión. Y África parece empeñada en darle la razón. Paso tras paso, el continente está convirtiendo su vieja imagen trágica en un cliché que difícilmente refleja el optimismo de los nuevos tiempos. Pero el despegue de África sigue dejando en tierra a la mayor parte de la población, condenada a la miseria y la frustración que conocieron sus padres. El mensaje de este informe es que no hay un África con esperanza si no hay africanos esperanzados.ipal explicación de esta paradoja resulta dolorosamente familiar para los españoles: los beneficios del crecimiento se concentran de manera desproporcionada en unos sectores de la población en detrimento de la mayoría. África es la segunda región más desigual del planeta, solo por detrás de América Latina. La inequidad es injusta y frustrante, pero además lastra las economías en la medida en que debilita la credibilidad de las instituciones y castiga la capacidad de consumo de las capas más pobres. Un escenario en el que los niveles de crecimiento con desigualdad se mantengan como hasta ahora dejaría a un 20% de la población africana atrapada en la pobreza extrema en 2030, pero esa cifra podría caer al 8% si un esfuerzo decidido estimula la redistribución de la riqueza y los beneficios macroeconómicos asociados a ella.
La pregunta que se harán los 413 millones de africanos que viven todavía en la pobreza es cómo lograr ese modelo de crecimiento inclusivo que les acerque al resto del mundo. Dejando a un lado las zonas que sufren todavía la tragedia de la guerra y los conflictos violentos, la mayor parte de los países de la región tienen a su favor las tendencias demográficas, la tecnología y la expansión de las democracias. Una ola sobre la que gobiernos nacionales y donantes internacionales deben auparse para transformar el modelo de desarrollo. Tres sectores resultan prioritarios, de acuerdo con el informe: el desarrollo rural, la protección de los recursos renovables y la generación de ingresos fiscales internos.
“La agricultura continúa siendo el talón de Aquiles de la exitosa historia del desarrollo africano”, señala el Africa Progress Panel. Lo que para muchos constituye una debilidad estructural de la economía regional –la abundancia de campesinos y la relevancia del sector rural- para los autores del informe es “una fortaleza” y una fuente potencial de buenas noticias. Proponen una “revolución verde” adaptada que replique en África los incrementos de productividad y competitividad agraria que han conocido países como Vietnam y Bangladesh, pero que considere las particularidades ecológicas y productivas de la región. Los campesinos africanos necesitan la inversión, la tecnología y la seguridad jurídica para desarrollarse en un entorno peligrosamente definido por el cambio climático, la volatilidad de precios y el acaparamiento de recursos naturales. Se trata de un esfuerzo cuya rentabilidad resiste pocas comparaciones: ofrecer medios de vida a la población más numerosa y empobrecida de África; garantizar el abastecimiento alimentario de sus países y de otras zonas del mundo; y reducir la costosa dependencia de las importaciones de alimentos, que solo en 2011 supuso para la región una factura de 35.000 millones de dólares.bable: Un continente con esperanza. Hasta hace bien poco, cualquier referencia optimista a una región asociada desde hace medio siglo con el hambre, la guerra y la corrupción hubiese sido una frivolidad propia de las ONG. Pero hoy las cosas parecen haber cambiado. África ha vuelto al mapa de la actualidad internacional y esta vez no es (solo) para mostrar desgracias. ¿Podemos lanzar las campanas al vuelo?
Los indicadores macroeconómicos de los últimos años harían salivar a cualquier ministro europeo de finanzas: 20 naciones africanas copan la lista de los 25 países que más han crecido entre 2008 y 2013, sorteando la crisis financiera global con un nivel medio anual de crecimiento del PIB cercano al 6% en el caso de África subsahariana. El dinamismo económico alcanza por igual a naciones pequeñas y grandes (con excepción de Sudáfrica) y se extiende tanto a economías que dependen de la extracción de recursos energéticos como a aquellas que están forjando su futuro gracias a los servicios y la agricultura.
Grano, pescado, dinero es una fotografía ambiciosa y actualizada del estado del desarrollo en África y de las oportunidades y los riesgos a los que se enfrenta. Uno de los principales es confundir los indicadores macroeconómicos que hemos descrito con la realidad en la que se desenvuelven cada día la mayor parte de los africanos. A pesar del dinamismo del crecimiento y de los niveles paupérrimos de los que parten, 32 de los 47 países de la región tardarán al menos una generación en doblar su capacidad adquisitiva. Uno de cada tres pobres del mundo sigue siendo africano y los niveles de desnutrición han alcanzado el récord absoluto de 223 millones de seres humanos, lo que deja en papel mojado cualquiera de los objetivos internacionales.Estos datos son parte de un informe hecho público hoy por el Africa Progress Panel, una iniciativa de influencia internacional encabezada por el antiguo Secretario General de la ONU, Kofi Annan, y en la que participan otros nueve destacados líderes en los campos de la economía, la política y el activismo, como el expresidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, el exdirector general del FMI Michel Camdessus o el rockero Bob Geldof.



miércoles, 6 de agosto de 2014

Científicos descubren una propiedad oculta del oro
Publicado: actualidad.rt.com


Un grupo de científicos ha encontrado nuevas cualidades del oro, un metal noble tradicionalmente considerado poco interesante químicamente debido a su escasa capacidad de reaccionar con otras sustancias. La clave estaría en sus nanopartículas.

Los investigadores de la Escuela de Química de la Universidad de Cardiff, en Gales, aseguran que cuando se desglosa en nanopartículas que contienen solo unos cuantos cientos de átomos se hace muy reactivo.

"El oro ha sido tema de fascinación humana por milenios, en gran parte debido a su resistencia a la corrosión y su belleza duradera", señala el profesor Graham Hutchings, director del Instituto de Catálisis de Cardiff (CCI). "Sin embargo, cuando se desglosa en nanopartículas que contienen solo unos pocos cientos de átomos, no solo cambia el color, sino que también se vuelve muy reactivo".

Hutchings resaltó que su investigación sobre el efecto de las nanopartículas de oro en los procesos químicos y biológicos indica que en esta forma reducida "las reacciones del oro son más rápidas, más fáciles y energéticamente más eficientes que muchos otros catalizadores".

La catálisis es una tecnología que se aplica aproximadamente a entre el 80% y el 90% de todos los bienes manufacturados. El fenómeno implica un material, que no es uno de los reactivos, que acelera la reacción química deseada sin la necesidad de un aumento de la temperatura. Los catalizadores usados comúnmente, como aquellos que contienen mercurio, han demostrado ser dañinos para el entorno e incluso perjudiciales para la salud humana.

El profesor Hutchings cree que el oro tiene el potencial de salvar vidas, mejorar la salud humana y limpiar el medio ambiente. "Demasiados procesos crean demasiados residuos y producto insuficiente. Mediante la introducción de un catalizador de oro, podemos reducir la cantidad de residuos y aumentar la productividad en beneficio de una serie de procesos", según cita Phys.org.

Uno de los descubrimientos iniciales que hicieron en Gales es que el oro es el mejor catalizador para la formación de cloruro de vinilo, el ingrediente principal para la producción de PVC, y tiene el potencial de reemplazar al catalizador de mercurio dañino para el medio ambiente, lo que sería un gran beneficio para la sociedad.

martes, 5 de agosto de 2014

España, el tercer país que más redujo las emisiones de CO2 en 2013 según Eurostat
rtve.es
  • España redujo un 12,6% sus emisiones de CO2 en 2012-2013
  • Son datos del último barómetro del Eurostat
  • La media de reducción europea de emisiones de CO2 fue del 2,5%



España ha sido el tercer país de los 28 que conforman la Unión Europea que más ha reducido sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes del uso de energía en el periodo 2012-2013, con una disminución del 12,6%, según las estimaciones del último Eurobarómetro publicado este miércoles.
Así, nuestro país redujo en 32,4 millones las toneladas emitidas de CO2, pasando de los 256,4 millones de 2012 a los 224,05 millones de 2013.
Del informe se desprende que la media europea de reducción estimada de emisiones procedentes de combustibles fósiles fue del 2,5%, mientras que el año anterior fue del 1,6%.

Reducción de emisiones en 22 países

En total, 22 de los 28 países redujeron sus emisiones de CO2. Por delante de España están Chipre (-14,7%) y Rumanía (-14.6%). Siguen a España Eslovenia (-12,0%), Bulgaria y Grecia, ambos con con una bajada del 10,2%.
Los seis países que, en cambio han incrementado las emisiones han sido Polonia (0,3%), Francia (0,6%), Alemania (2,0%), Portugal (3,6%), Estonia (4,4%) y Dinamarca (6,8%).
Las emisiones de CO2 entre 2012 y 2013 de los 28
Según explica Eurostat en un comunicado, las emisiones de CO2 son las que más contribuyen al calentamiento global y tienen un peso del 80% en el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Factores como las condiciones climáticas, el crecimiento económico, el tamaño de la población y las actividades de transporte e industriales son los que influyen en las emisiones.
Eurostat apunta, asimismo, que las importaciones y exportaciones de productos de energía tienen impacto en las emisiones de CO2 de aquellos países en los que se queman combustibles fósiles.
Por ejemplo, si se importa carbón, se incrementan las emisiones computadas al país responsable, mientras que la importación de electricidad se computa en el país que la exporta.

    lunes, 4 de agosto de 2014

    El costo de la erosión: al año se pierden $1.100 por hectárea
    Técnicos del INTA estimaron que la degradación anual del suelo implica perder 450 kilos de soja por hectárea. Para evitar la intensificación productiva, presentaron un software que estima cuánto se pierde por erosión hídrica.                                                  Por INTA informa
    El costo de la erosión: al año se pierden $1.100 por hectárea
    Mientras aumenta la superficie cultivada y la demanda mundial de alimentos, el desafío de maximizar la productividad sin degradar el recurso gana cada vez más importancia en todo el mundo. En este sentido, técnicos del INTA Paraná –Entre Ríos–estimaron que la pérdida anual en suelos alcanza los 450 kilos de soja por hectárea, lo que se traduce en $1.100 al año. Presentaron un software que estima cuánto se pierde por erosión hídrica y evalúa las mejores alternativas para evitar o disminuir este proceso.
    Jorge Gvozdenovich, especialista en producción agrícola sustentable de esa unidad del INTA, señaló que “la erosión hídrica es uno de los principales problemas que afectan a la producción, debido que a degrada los suelos y reduce los rendimientos”.
    En la Argentina, el suelo es la base de la agricultura y motoriza el avance de la economía nacional. Por esto, es fundamental que el sistema productivo sea sustentable y que el “productor pueda conocer el costo oculto que hay detrás de cada hectárea de tierra trabajada”, expresó el técnico del INTA.
    En esta línea, Gvozdenovich analizó cuánto representa cada centímetro de suelo que se pierde por un mal manejo del lote para la campaña 2010/11. “En Entre Ríos, perder un centímetro de suelo fértil por hectárea debido a la erosión hídrica, significa perder 120.000 kilos de suelo por hectárea al año. Si se extrapola este valor a toda la superficie cultivada, el número se multiplica considerablemente”, explicó.
    Existe una relación real entre el suelo que se pierde y el rendimiento de los cultivos. “Cada centímetro de suelo perdido cuesta dinero”, expresó Gvozdenovich y aclaró: “Si lo pensamos en relación a un cultivo, como la soja, la producción se reduce 66,5 kilos de granos por hectárea por cada centímetro de suelo perdido. Esto representó en la campaña 2011/12 que cada productor cosechó 470 kilos menos de la oleaginosa, lo que se traduce a la fecha en $1.098 menos por hectárea al año”.
    Un suelo degradado requiere de mayor cantidad de fertilizantes y herbicidas, debido a que las malezas tienen más posibilidad de competir con los cultivos. De acuerdo con el técnico del INTA, “estamos perdiendo la tierra más productiva que tenemos. Es indispensable generar conciencia sobre la importancia de la conservación del recurso”.
    Una herramienta, muchos beneficios
    Pensada para estimar el nivel de pérdida del suelo por erosión hídrica, Gvozdenovich junto con Pedro Barbagelata y Gustavo López desarrollaron “Erosión Hídrica-USLE Argentina”, pensada para que cada productor pueda calcular la degradación en su lote.
    Se trata de la primera aplicación de la Argentina, sencilla y fácil de usar, válida para predecir el deterioro de los suelos por este fenómeno en todo el país. Una de las principales ventajas es que se puede operar a partir de datos precargados o con datos ingresados por el usuario.
    “El software contempla el clima, el cultivo, el tipo de suelo, la longitud y grado de la pendiente de cada región para estimar la erosión”, dijo Barbagelata, quien además agregó: “Le prestamos mayor atención al dato relacionado con los cultivos, debido a la cobertura que deja. No es lo mismo tener un suelo desnudo que no tenga ningún rastrojo y que esté laboreado, que uno que tenga una cobertura densa como trigo o maíz”.
    Además de los cálculos, el software orienta al productor en las estrategias de manejo alternativas que mejor se adaptan y protegen el recurso, favorecen la infiltración del agua, previenen la erosión y conservan los nutrientes.
    Otro aspecto interesante es que “el procesamiento de datos se puede realizar al ejecutar el aplicativo directamente en el equipo sin necesidad de estar conectado a internet”, señaló Barbagelata.
    Fuente: INTA Informa

    sábado, 2 de agosto de 2014


    Opinión

    Un riesgo para la salud que es urgente atender

    Por Dr. Pier Paolo Balladelli | Para LA NACION

    La salud no depende primariamente de los servicios de salud, sino de determinantes en otros sectores de la vida pública que pueden afectarla negativamente o contribuir para su protección. La calidad del aire que respiramos es uno de estos determinantes.

    Según la OMS, la contaminación atmosférica fue responsable de la muerte de unos 3,7 millones de personas menores de 60 años en 2012 y afecta principalmente a los países de ingresos medios. Cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una ciudad, mejor será la salud respiratoria y cardiovascular de su población. Si tenemos en cuenta que América es la región más urbanizada del mundo, veremos que éste es un importante asunto de salud pública que, además de medidas en el nivel local, necesita también de acuerdos y acciones en el plano internacional.

    Los estudios indican que la mala calidad del aire en espacios interiores puede suponer un riesgo para la salud de más de la mitad de la población mundial. Incluso, la contaminación del aire interior y exterior combinados se encuentra entre los mayores riesgos para la salud en todo el mundo.

    En los hogares donde se emplea la combustión de biomasa y carbón para cocinar y calentar los ambientes, los niveles de partículas en suspensión (PM) pueden ser entre 10 y 50 veces mayores que los valores recomendados en las Directrices sobre Calidad del Aire, elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005. Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales y el agua.

    Esas partículas están hoy muy presentes en el entorno en el cual viven las familias. Los indicadores muestran que la contaminación atmosférica está empeorando en varias ciudades; sin embargo, otras están alcanzando avances notables.

    La calidad del aire se puede mejorar cuando se materializan políticas tales como la prohibición del uso del carbón para la "calefacción" en los edificios, cuando se apoya el uso de combustibles renovables o "limpios" para la producción de electricidad o cuando se asegura una mejor eficiencia de los motores de vehículos.

    En algunos distritos urbanos se está contribuyendo a mejorar la calidad del aire mediante la promoción del "transporte activo", es decir, dando prioridad a las redes de transporte público urbano, a caminar y a andar en bicicleta.

    Para que las personas adopten estilos de vida más saludables es necesario que la promoción esté acompañada de un "entorno facilitante"; en otras palabras, de condiciones en las cuales puedan darse efectivamente tales estilos de vida sana.

    Por ejemplo, para que la población elija más la bicicleta para circular por cualquier ciudad es necesario contar con bicisendas de amplio recorrido y en buen estado que faciliten la adopción de estas medidas personales.

    El buen manejo de los residuos es otro de los puntos que también favorecen la obtención de una mejor calidad del aire. Estas iniciativas no sólo limpian la atmósfera: también pueden servir como un catalizador para el desarrollo económico sostenible y la promoción de estilos de vida urbanos saludables, que a su vez redundan en otros beneficios para la salud y el bienestar individual y colectivo.

    viernes, 1 de agosto de 2014

    Banco Mundial: El calentamiento global costará a América Latina US$100.000 millones anuales

    diarioecologia.com
    América-Latina1

    Las estimaciones a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo que señalo que para combatir los gases contaminantes que se emiten, los países latinoamericanos deben destinar el 2 por ciento del PBI de la región. Esto tiene dos costados preocupantes: primero que emiten muy poca cantidad de los gases nocivos a la vez que son mayormente países en desarrollo.
    Los países de América Latina deben afrontar gastos equivalentes al 2 por ciento del PIB regional en la lucha contra el cambio climático.
    Estos son datos recolectados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que indican que las naciones de América Latina y el Caribe pese a generar solamente el 11 por ciento de los gases nocivos generadores del efecto invernadero, deben invertir considerables sumas para afrontar este flagelo.
    El impacto del efecto invernadero, del cambio climático como tal, están alrededor de los 100.000 millones de dólares, eso significa alrededor del 2% del PIB regional, estas son sumas de dinero importantes para los países en cuestión ya que se trata de naciones en desarrollo y que son responsables en menor medida de la problemática ambiental, por lo que es necesario un compromiso mundial para afrontar debidamente el problema.
    Es una cifra considerable, entonces lo del cambio climático no es un tema de romanticismo, ni de que solamente queremos ver el ambiente bien, sino que es un tema básicamente para el presente y para el futuro, de sostenibilidad del planeta y del continente.

    jueves, 31 de julio de 2014

    DEBATE ENTRE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

    Pueblos indígenas de América Latina resisten proyectos mineros

    En general, donde se realizan consultas indígenas sobre proyectos mineros, el resultado es de rechazo a los mismos, generándose después conflictos entre pueblos originarios y empresarios. En Bolivia el caso más notorio fue el del TIPNIS, en el que sus dirigentes rechazaron la forma cómo se realizó aquella.

    paginasiete.bo
    Pueblos indígenas de América Latina resisten proyectos mineros

    Luis Vittor
     
    Economista peruano y asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
    Los pueblos indígenas y gobiernos de América Latina están enfrentados por la minería. Los gobiernos, motivados por el deseo de lograr un mayor crecimiento económico, han creado un marco normativo para atraer inversiones extranjeras para la extracción de sus recursos mineros. Los conflictos se originan cuando estos recursos se encuentran en tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, pero éstos se oponen a su extracción.
    Gran parte de las concesiones mineras se superponen con territorios indígenas. Es posible que muchas comunidades decidan aceptar la actividad y logren acuerdos (pagos, regalías, etcétera) con la empresa y el Estado. Sin embargo, un número cada vez más mayor de comunidades y pueblos indígenas expresa su oposición a proyectos mineros haciendo uso de sus propios mecanismos de deliberación o de sus gobiernos locales. Estos mecanismos se denominan "consulta vecinal” en Perú, "consultas de buena fe” en Guatemala, "consulta de los pueblos o consulta popular” en Colombia y "consulta comunitaria” en Ecuador. Se realizan sin participación del Estado.

    Mayoría de rechazos
    En Perú, en una década, se han sucedido por lo menos seis procesos de consulta vecinal. En Tambogrande (2002), Ayabaca y Huancabamba (2007) e Islay (2009) las comunidades han decidido no incluir la actividad minera en su modelo de desarrollo. También se han realizado consultas en las provincias de Candarave y Tarata (2008), donde las comunidades han manifestado su oposición a que las actividades mineras usen los recursos hídricos. La comunidad de Kañaris (2012) rechazó en una consulta aceptar el proyecto minero Cañariaco. 
    En Argentina, específicamente en la ciudad de Esquel (marzo del 2002), los vecinos se pronunciaron contra del desarrollo del proyecto minero de la empresa Meridian Gold. Guatemala es otro país donde las comunidades en los últimos ocho años han expresado su oposición a la minería a través de las consultas comunitarias o "consultas de buena fe”. Desde que en junio del 2005 las comunidades mayas sipakapenses organizaron la primera consulta comunitaria, que rechazó el proyecto minero Marlín, las comunidades han realizado 74 consultas, la mayoría de ellas con resultados de rechazo a los proyectos.
    En Ecuador los indígenas quechuas realizaron una consulta comunitaria en las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete (2012), donde rechazaron el proyecto minero Quimsacocha. En Colombia (2009) las comunidades indígenas emberas y afrodescendientes realizaron una consulta en la que expresaron su rechazo al proyecto minero Mande Norte, de la empresa Muriel Mining Corporation. Más recientemente (julio de 2013) se realizó otra consulta popular en el municipio de Piedras (Tolima) en la que sus habitantes se manifestaron en contra de las actividades mineras en su territorio.

    Derechos conculcados
    La socióloga peruana Alejandra Alayza sostiene que una de las causas principales de los conflictos está en las decisiones estatales previas al inicio de las actividades de exploración minera. En efecto, las políticas estatales de concesiones mineras podría leerse como la imposición de una actividad en los territorios indígenas sin consideración alguna de sus derechos, el uso del territorio y sus recursos.
    Los pueblos indígenas no son informados de la decisión estatal de otorgar derechos a terceros sobre el subsuelo, que se superponen con sus derechos a la tierra y territorio. La comunidad es informada recién directamente por la empresa que gana la concesión, cuando ésta solicita tierras para iniciar la exploración y explotación minera. Si la comunidad no está de acuerdo por diversas consideraciones, no hay mecanismo o procedimiento eficaz y oportuno que canalice la posición de la comunidad ante el Estado. Es en ese momento que las comunidades transforman su posición en luchas de resistencia.    
    En segundo lugar, los territorios de las comunidades y poblaciones no son territorios improductivos ni están abandonados. Son espacios en los que se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, etcétera. De acuerdo a las bondades del territorio es posible que las comunidades hayan construido un modelo de vida y de desarrollo propio.
    En tercer lugar, en el territorio indígena hay otros recursos que sirven para sustentar la vida de sus habitantes. El territorio puede ser parte de un ecosistema frágil (páramos, bosques de neblina, bofedales, lagunas). El agua que brota en el territorio puede servir a la agricultura, la ganadería y el consumo humano. Estos servicios del territorio, su valor para la vida y la economía local no son considerados antes de otorgar las concesiones ni suficientemente valorados en los estudios de impacto ambiental.
    Desde la visión gubernamental las consultas comunitarias son una "conspiración” contra la soberanía del Estado y el desarrollo y –por tanto– desconocen su legalidad porque supuestamente no son vinculantes. Desde los pueblos indígenas se cree que son un derecho que les asiste de acuerdo al Convenio 169 de las NNUU, así como por otros instrumentos internacionales y nacionales que promueven la participación en la toma de decisiones estatales. En las consultas indígenas, comunitarias y vecinales la minería debe gozar del "consentimiento” de quienes habitan el territorio. Y ése es un derecho a veto.
    Argumentos contra la minería
    Daño ambiental
    La minería es una de las actividades que por su naturaleza extractiva ocasiona daños ambientales y sociales, tanto a gran escala como en pequeña. La actividad es considerada como una de la más contaminante de aguas superficiales (ríos, lagos) y subterráneas, con altos contenidos de metales pesados y de la contaminación del aire por el material particulado y por las emisiones gaseosas. A su vez pueden tener impactos sobre la calidad del suelo y afectar la biodiversidad de los ecosistemas.

    Riesgos a los derechos de los indígenas:
    De acuerdo con normas internacionales, los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente y que en caso que existan recursos mineros en su subsuelo, los Estados tienen la obligación de consultar con los pueblos indígenas antes que se inicien  las actividades de exploración y explotación (artículo 15 del Convenio 169 de las NNUU).
    La resistencia a la minería se expresa a través de demandas y/o ejercicio de derechos y existe una tendencia de empoderamiento jurídico y político por parte de los pueblos indígenas. En muchos casos las comunidades basan su decisión en los derechos reconocidos en leyes nacionales e internacionales que protegen sus derechos, en especial los que se refieren al derecho a la consulta.

    Riesgos para la biodiversidad
    Los territorios que ocupan los pueblos suelen coincidir con territorios donde se concentran las áreas de biodiversidad de la región o recursos estratégicos para la vida en el planeta (agua y bosques). Esta situación se aprecia claramente en el área de la Amazonia, donde están el mayor número de pueblos indígenas que ocupan territorios de los países más biodiversos del mundo; México forma parte del área geocultural de Mesoamérica.

    Derecho al desarrollo
    Entre los múltiples casos de resistencia a la minería, el ejercicio del derecho a decidir –en el marco de su derecho a la libre determinación– qué "modelo de desarrollo” usar en determinado territorio indígena o comunitario aparece como un tema nuevo que plantea una cuestión de fondo sobre los límites del poder del Estado con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales. (La Revista-Harvard)
    La socióloga peruana Alejandra Alayza sostiene que una de las causas principales de los conflictos está en las decisiones estatales. En efecto, las políticas estatales de concesiones mineras podría leerse como imposicisiciones.
    La tensión entre desarrollo y medio ambiente
    Juan Pablo Valdivia

    ¿Hasta qué punto un país pobre debe proteger su medio ambiente al impedir actividades económicas que podrían ayudar a su población? ¿Cuándo debe la naturaleza ser protegida por encima de los intereses de personas que necesitan mejorar sus condiciones de vida? Este debate es intenso en muchos países desde hace dos o tres décadas. La otra pregunta es ¿cuánto se gana con las actividades extractivitas, como la producción de petróleo, con respecto a lo que se pierde?
    A nivel mundial, algunas actividades económicas y la explotación indiscriminada de recursos naturales han desencadenado desastres que han atentado contra el medio ambiente y han puesto a prueba la conciencia ecológica de empresas, gobiernos y personas.
    Por ejemplo, los naufragios de los supertanqueros petroleros Terrey Canyon, en el archipiélago de las islas Scilly, Inglaterra, en 1967, así como el Exxon Valdez, que vertió alrededor de 37.000 toneladas de petróleo en las costas de Alaska en 1989. Más recientemente, el terrible derrame provocado por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de la British Petroleum en el Golfo de México, en 2010, ocasionó que se derramaran 640 mil toneladas de petróleo.
    El accidente producido en Bhopal (India) en 1984, al fugar isocianato de metilo, un tipo de pesticida producido por la transnacional Union Carbide, produjo unas 8.000 muertes en la primera semana después de la fuga y unas 12.000 posteriormente. En total se estimó que unas 600 mil personas fueron afectadas, 150 mil de ellas muy gravemente. La Unión Carbide nunca respondió por los daños.
    Históricamente, el crecimiento de los países subdesarrollados se ha basado sobre todo en los recursos naturales. No es negativo si se le añade el concepto de sustentabilidad, que significa hacer posible una explotación racional de los mismos, respetando las leyes y estando en armonía con el medio ambiente y con las comunidades involucradas.
    ¿Debemos ser optimistas al respecto? Posiblemente sí, aunque para lograr resultados sea necesario una gran dosis de esfuerzo de todos los actores: empresas privadas, que sean responsables social y ambientalmente; el Estado, cumpliendo un rol fiscalizador; y la sociedad en su conjunto, a través de instituciones representativas y de individuos bien informados. (Juan Pablo Valdivia es profesional peruano, Cajamarca, Perú)