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ARGENTINA

Caza furtiva: una amenaza permanente para el medio ambiente

eldiariodelarepublica.com

El delito no puede ser erradicado a pesar de las leyes que lo combaten y de los controles del Estado.

El ataque de los cazadores furtivos a la fauna autóctona y exótica de la provincia se ha transformado en una amenaza constante para las especies y el medio ambiente de esta región. Aunque existe una cantidad de leyes importante que considera un delito a esta actividad y que el Programa Biodiversidad trabaja en el control, fiscalización, aplicación de las sanciones administrativas, presentación ante la Justicia y recuperación de los ejemplares que quedan mal heridos o son atrapados para luego comercializarlos; no se ha podido modificar esta conducta.

Consultada sobre este tema, la jefa del Programa, Soledad Sallenave, explicó que “no sabemos si hay más o menos delitos respecto de la caza de animales, lo que sí podemos decir es que hay más controles y son más eficientes. Porque además quiero recordar que en nuestra provincia está prohibida”. Y a la vez se lamentó porque dijo “todavía seguimos atendiendo a la consecuencia y no a la causa. Tenemos que detectar cómo y por qué la gente llega a cazar o si tienen necesidad de hacerlo. Tenemos casos críticos que están contemplados en la legislación que es la caza por subsistencia, donde mediante ciertos requisitos alguna población está autorizada a realizarlo luego de pasar por análisis socioambientales. Y además tienen un seguimiento que cada seis meses les otorga un nuevo permiso”. También aclaró que la caza deportiva, "sólo se puede realizar en cotos autorizados por Medio Ambiente”.

Pero destacó que “lo que más daño hace al ecosistema local es el tráfico de fauna que luego deriva en la venta de las especies, sobre todo de las aves autóctonas, que terminan en el mascotismo. Por el tráfico de fauna se realizan allanamientos y decomisos, después nosotros hacemos una recuperación y rescate de esos animales que terminan en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida. En caso de poder rehabilitarlos se produce la liberación y de no ser posible se quedan allí”.

La funcionaria explicó que “un ejemplo que atraviesa estos estados es el del puma, que al ser cazado, luego quedan sus cachorros abandonados y la gente los toma como mascotas. Pero cuando es adulto no lo quieren tener más y nos piden que lo llevemos al Centro de Conservación de La Florida”.

Cada acta de infracción que genera la Policía Caminera lleva un proceso administrativo que empieza con la acción policial, continúa con el informe técnico y termina en la oficina Legal del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción que es la autoridad de aplicación de la ley provincial IX-0317/2004, donde se determina la multa. También se deriva a la Unidad Fiscal de Medio Ambiente (Ufima) del fuero Federal. “En esta vía, nuestro asesor legal, Omar Saá viene trabajando en una alternativa, que la impulsa desde el año pasado, y es la creación del Fuero Ambiental”, contó Sallenave.

Lara Denápoli, técnica del Área Flora y Fauna, comentó que en los últimos tiempos han incorporado al sistema de fiscalización las redes sociales: “Ahora nos enteramos mucho a través de Facebook porque los propios cazadores publican fotos de las especies que atrapan y gracias a eso hicimos varios decomisos en sus domicilios. Por ejemplo, ahora nos enteramos del caso de un búho que se vendía en 2.000 pesos. Aunque en realidad lo que conocemos de tráfico de fauna es muy poco respecto de la cantidad de animales que se trafican”. Y contó que la mayoría de las denuncias llegan de forma anónima y de manera digital lo que les permite hacer el pedido de intervención directamente por vía judicial. Además destacó que “dentro de las causas, hemos apuntado a la educación y por eso visitamos las escuelas durante todo un año para darles Educación Ambiental a los chicos de todos los niveles y a sus docentes les dictamos un curso especial con puntaje en la conservación de la fauna nativa”.

Florencia Tessaro, otra de las integrantes del equipo técnico, destacó que “mucha gente se involucra, mediante las denuncias, en la defensa de los animales que sufren por esta actividad. Todo el tiempo nos llegan capturas de pantallas de personas que muestran las especies con sus cueros y pieles. Eso nos indica que la gente va tomando más conciencia porque cuando ven algo así les contestan con mensajes de reprobación a esa actitud. Además hoy es un elemento de prueba más para el proceso judicial”. La bióloga explicó que “la cadena de tráfico de fauna surge en lugares que tienen mucha biodiversidad pero los integrantes de esa comunidad cuentan con escasos recursos económicos, y lo que termina pasando es que venden los animales autóctonos por muy poco dinero con lo que ese lugar sigue siendo pobre, económicamente hablando, y se va empobreciendo también a nivel ambiental”.

Si bien la multa no es suficiente como para que los cazadores abandonen su actitud, Sallenave indicó que “la pagan porque hoy la Policía les retiene los vehículos y las armas hasta tanto la hagan efectiva. Cuando los atrapan con muchos pájaros o alguna especie en peligro, se los retienen y eso los obliga a cumplir”. También aclaró que una vez labrada el acta, hay 30 días para pagarla. Si no lo hacen quedan dos vías de ejecución: se le informa a Rentas y ellos la ejecutan con los impuestos provinciales o vía judicial, a través de Fiscalía de Estado.

Dijo que otro aspecto que reforzaron es el control y la fiscalización: “Porque es la única forma de detectar este flagelo. Para eso apoyamos la territorialidad con la fuerza pública. Nuestro brazo ejecutor lo integran la Policía Caminera y la División Delitos Rurales, que dependen del Ministerio de Seguridad; y nuestro Programa Control Sanitario y Fiscal (Cosafi). Esto va acompañado de una intensa capacitación tanto para nuestros fiscalizadores como para los agentes de Policía, para que sepan actuar en cada uno de los procedimientos”.

Laura Gómez Vinassa es otra de las integrantes de Flora y Fauna y contó que “hoy en San Luis existen dos cotos de caza al sur de la provincia que están autorizados y cumplen con todos los requisitos legales. Uno está cerca de Buena Esperanza llamado 'El Durazno' porque es el nombre de la estancia donde está asentado y el otro es 'El Patria', a 250 kilómetros al sur de la capital. Son predios de más de 500 hectáreas totalmente cercados, con medidas de seguridad y personal que se encarga de guiar a los que practican la caza deportiva de especies exóticas. Hay ciervos colorados, antílopes, jabalíes y hasta búfalos. Pero en ningún caso están habilitados a matar especies nativas”. Otra actividad que está reglamentada es la caza de palomas porque se la considerada una plaga para el cultivo y además tiene muchos adeptos que vienen desde el exterior. San Luis tiene aprobados 4 operadores sinergéticos con una zona asignada, que son los guías con permiso para recibir contingentes de cazadores que luego llevan a campos autorizados o a sus propiedades.